Las autonomías gobernadas por los populares sostienen, en un comunicado conjunto, que no tolerarán las “amenazas” de Isabel Rodríguez de retirarles parte de la financiación por no aplicar la ley

Las 11 comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) gobernadas por el Partido Popular han publicado este jueves un comunicado conjunto en el que defienden su decisión de no declarar Zonas de Mercado Tensionado en sus territorios —es decir, áreas en las que existe un problema específico de acceso a la vivienda, especialmente porque se hayan disparado los precios— y reivindican, “por tanto, no intervenir en el [precio del] alquiler”. Se trata de una respuesta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que hace una semana amenazó con retirar financiación a las regiones que no aplicaran la Ley de Vivienda. Los firmantes del comunicado tildan ese aviso de “amenaza” y “chantaje” y sostienen que no lo tolerarán.
La gestión de las políticas de vivienda es una competencia autonómica, aunque más del 70% de las medidas, según cifras del Gobierno central, se financian con fondos del Estado. La ministra Rodríguez afirmó el pasado 26 de septiembre: “Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central”. E insistió: “Mi intención es seguir apoyándolas económicamente, pero no puedo tratar por igual a quien está haciendo esfuerzos y cumpliendo la ley que a quien por atacar al Gobierno se muestra insumiso”.

 
Rodríguez no aclaró a qué incumplimiento en concreto se refería, aunque muchos entendieron que hacía alusión al principal caballo de batalla entre el Gobierno central y las autonomías en el año y medio que lleva vigente la ley: la norma incluye por primera vez la posibilidad de que las comunidades declaren “zonas tensionadas” en sus territorios y de que, en esas zonas, puedan poner topes a los precios del alquiler. Pero esa es una medida de carácter voluntario, pues la competencia es autonómica, y hasta el momento las comunidades gobernadas por el PP se han negado a aplicarla. Ellas sostienen que, como es una medida voluntaria, no están obligadas a asumirla.
El comunicado —firmado por los gobiernos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla— afirma que el Estado “tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos” y que no hacerlo “supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico”. El aviso de la ministra, señalan, pretende imponer “un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta”.
Por ello, las comunidades del PP exigen al Gobierno que “dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante”, el de la vivienda; y, al mismo tiempo, reivindican su decisión de no declarar zonas tensionadas porque, a su juicio, “esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”. Como ejemplo de buena política inmobiliaria ponen el bono de alquiler joven, una ayuda de 250 euros a las rentas de pisos.
Según los populares, “la nefasta política del Gobierno” ha provocado que los alquileres “aumenten un 32% entre 2018 y 2024″, especialmente tras la aprobación de la Ley de vivienda en abril de 2023, que ha comportado un incremento de los precios de “casi un 13%”.
 
 
La ocupación es otro de los problemas que señala el texto. El PP calcula que son más de 78.000 las viviendas ocupadas en todo el territorio. Además, se enfoca en la inquiocupación —que los inquilinos dejen de pagar su renta mientras siguen residiendo en la vivienda— y apuntan que “ha crecido de manera alarmante en los últimos meses”, aunque no da cifras. También recuerda la nota que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año y medio, en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, la construcción de 183.000 pisos sociales. Unas viviendas que, dice el texto, “nadie sabe todavía dónde están”.
Sumar eleva la presión al socio
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido este jueves a los populares que son ellos los que “ejercen el chantaje con los ciudadanos allí donde gobiernan” al negarse a aplicar la norma aprobada a finales de la legislatura pasada y para la que entonces Unidas Podemos presionó mucho. “Le decimos al PP que asuma sus responsabilidades, asuma el cumplimiento de la ley de vivienda y aplique el control de precios. Y si no lo hace, el Gobierno tiene que actuar, condicionando los fondos [estatales] de vivienda en esas comunidades autónomas”, ha reivindicado el dirigente volviendo a elevar la presión a los socialistas en una comparecencia conjunta con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras reunirse con organizaciones ecologistas.
Tanto Podemos como Sumar han instado a la ciudadanía a acudir a la manifestación contra el aumento del coste de los alquileres. La portavoz de la formación morada, María Teresa Pérez, en una rueda de prensa del pasado lunes, animó a que todo el mundo vaya a las protestas y explicó que “tiene que ser un encuentro masivo”, porque este Gobierno “no está del lado de los inquilinos y la clase trabajadora”. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, hizo lo propio en una rueda de prensa en el Congreso de los diputados el martes: “La emergencia nacional de la vivienda es difícilmente sostenible y, frente a las movilizaciones convocadas para el próximo 13 de octubre, que creemos que van a ser masivas, el Parlamento no puede seguir callado, debe tener una discusión específica sobre la vivienda”.
Desde que presentó su batería de propuestas para negociar con el PSOE los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, Sumar ha puesto el foco en que la transferencia de estas ayudas públicas esté vinculada a la aplicación de la ley para limitar los alquileres, la prohibición temporal de la compra de vivienda para especular en las zonas tensionadas y la regulación de los alquileres turísticos y de temporada, no incluidos en la norma.
“El Gobierno tiene instrumentos a su disposición para poder actuar y es lo que estamos exigiendo, más allá de que se hagan iniciativas, propuestas no de ley, aprobadas en parlamentos autonómicos. Lo que hay que hacer es gobernar y actuar”, ha reclamado a los socialistas, después de que estos hayan anunciado horas antes una iniciativa para impedir que el suelo público “pase a manos de los especuladores y fondos buitre”, tal y como ha pasado años atrás en algunas comunidades autónomas. Para Sumar esta propuesta parlamentaria es insuficiente y exige al Ministerio de Vivienda que legisle.
En su estrategia de desmarque del PSOE en este asunto, Díaz ha empujado a la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, a que dé explicaciones en el Congreso, tal y como solicitaron ya los nacionalistas EH Bildu, ERC y BNG. La semana pasada, sus palabras apelando a la “solidaridad” de los caseros causaron un profundo malestar entre los aliados del Gobierno y dentro de Sumar. “Yo si fuera ministra de vivienda comparecería motu proprio con carácter inmediato y además que los grupos opinen. Cuando es un debate de emergencia nacional hay que comparecer y hay que llevar un batería de propuestas realistas en el corto, en el medio y en el largo plazo”, ha pedido la vicepresidenta.